Con las torrenciales lluvias de la época, también llegaron las consultorías millonarias para casi todos los de arriba. Los chinitos de Taiwán, que tan mal fueron tratados, resucitaron al replantearse sus anteriores donaciones interesadas en la compra de voluntades. Y ahora, post mortem de aquellas relaciones, variadas para recibir más de los nuevos socios continentales, se encuentran con que sus amigos de ayer siguen recibiendo sumas inmensas, hoy administradas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Pero los sustanciosos aportes, originalmente para ayudar a las 600 familias precaristas de Rincón Grande de Pavas, han servido más bien para algunos de los precaristas de la burocracia costarricense. Y no pocos de ellos tienen una argumentación autojustificativa en la que no se puede creer. El dinero que se nos ha dado —dicen los que hablan— ha sido utilizado para servir más y mejor de lo que se habría logrado en Pavas. Los de Pavas siguen pobres, pero unos pocos, si no ricos, resolvieron su situación de coyuntura por el acercamiento al gobierno de turno, y porque se debe raspiñar donde se pueda.
Lo curioso es que ninguno de ellos -que sepamos- se pregunta sobre la legalidad o la ilegalidad del manejo de unos fondos millonarios en dólares que, ahora se argumenta, no son públicos y, por consiguiente, pueden estar fuera del Presupuesto del país y rehuir cualquier control institucional. Esto solo porque los fondos -alegan- son privados, y porque los interesados fueron contratados por el BCIE. Y aunque una de las consultoras confiese, con aparente inocencia, que los “trabajos siempre los hizo sola, nunca fue a la Casa Presidencial ni mantuvo contacto con sus superiores”. Cabe la pregunta de si los otros compañeros de la alta y media burocracia se manejaron con la misma libertad de ella. Como moros sin señor.
Descomposición administrativa. Estamos de cara a otra peligrosa fachada de descomposición administrativa, en vez de frente a la Reforma del Estado, a la Promoción de la Gobernabilidad y al tan manoseado Desarrollo Humano. Más bien, lo que salta a la vista es la eventual aplicación de la Ley contra el enriquecimiento ilícito, aunque quienes hayan caído en tal irregularidad fueran ingenuos o inocentes a la hora de enrolarse en estas alegres y generosas planillas. Damos el beneficio de la duda.
Grave ha sido la falta de transparencia en el proceso, y que los obligados en el Gobierno a informar sobre estos compromisos, dieran campo a que los reportes más o menos completos surgieran del BCIE y no de las fuentes del Estado.
Nos parece bien que la Contraloría General de la República (CGR) haya dispuesto proceder a una investigación de oficio, a fin de determinar hasta dónde es jurídicamente cierto que los fondos son privados y que por ello pueden estar fuera del control institucional.
No lo creemos. Si los dineros se originaron en una donación para cumplir legítimos objetivos de los estados centroamericanos, al ingresar al BCIE son fondos públicos, puesto que esta entidad es un organismo estatal centroamericano por más que se intente disfrazarlo de otra cosa. El BCIE está constituido con los recursos del Estado (de los estados centroamericanos), porque si no, los gobiernos no nombrarían a sus directores, como hasta la fecha ha sucedido.
Formas de gobernar viciadas. Reconozcamos que en el pasado se registró, en otras administraciones, este vicioso manejo desmarcado de la ley. Tanto fue así, que se descubrió en su momento que altos y medios funcionarios de la Cancillería recibían emolumentos procedentes de las arcas taiwanesas. ¿Podría un Gobierno manejar una política exterior independiente y profesional en estas condiciones de dependencia?
Hasta hace poco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), era el que aplicaba una política similar a la que hoy seguimos condenando, con “asalariados” que recibían sueldos de $5000 hasta $8000 y $10.000 mensuales. Fueron jugosos beneficios para un grupito de privilegiados funcionando en la intimidad del poder presidencial, dizque para formular estrategias y tácticas de las cuales nunca se supo nada.
Estas formas de gobernar deben ser rechazadas de verdad, y no solo con palabras altisonantes, convertidas en prosas dulcificadas para mientras se adormece la conciencia ciudadana. Debemos luchar por una real y auténtica soberanía costarricense, sin rechazar la cooperación internacional, ni los otros instrumentos de ayuda surgidos de la convivencia civilizada entre las naciones y los gobiernos, pero siempre exigiendo el imperio de la ley y la limpieza administrativa.
Julio Suñol |
