¡Yo quiero una! Anacristina Rossi

Yo quiero una computadora como la de Raúl Reyes, dirigente guerrillero de las FARC muerto por el ejército colombiano en marzo, en la selva ecuatoriana. Sí. Imagínense, se conecta a Internet en un campamento guerrillero clandestino en medio de la jungla, sin cable módem, sin WIFI, sin teléfono, ¡sin nada!

A mí en cambio en medio San José, con cable módem y WIFI, la conexión me falla. La de Raúl Reyes a lo mejor se conectaba con los árboles o tenía una súper batería construida clandestinamente por IBM para él. En todo caso yo necesito una de esas, para poder conectarme en Punta Uva, donde ni siquiera la televisión nacional entra.

Además, la computadora FARC aguantó durante más de seis años la lluvia torrencial, el barro, la humedad, el calor y los hongos de la selva ecuatoriana, y nunca se le metieron esas molestas hormigas tropicales, que a mí en Escazú ya me han desbaratado dos.

No, en serio, es la computadora más resistente del mundo. ¡Y fue hecha antes del 2002, parece! Claro, ahora como todo es chino, nada dura. Pero esa fue hecha quién sabe dónde. Porque los militares colombianos cuando atacan no dejan piedra sobre piedra.

Entonces, si el ejército atacó por aire, esa computadora aguantó la destrucción total que produce una bomba en un radio de cuarenta metros y la desintegración que provoca la onda expansiva. Y si los colombianos atacaron por tierra, fue con ametralladoras último modelo, que lo destruyeron todo, Raúl Reyes incluido, menos la computadora. ¡Guau!

Debe estar hecha de material de la NASA. Ruego a los fabricantes que las pongan en el mercado YA. La mía, que es mucho más nueva, se da un golpecito contra una mesa y se descompone. Una vez le cayó encima, no árboles, no esquirlas ni balas, sino un inocente poquito de café con leche, y pasó dos semanas en el taller.

¡Para no hablar de la capacidad del disco duro! El de la computadora FARC debe ser de un millón de Gigabytes, para guardar los correos electrónicos desde el 2002. Yo no sabía que antes de esa fecha se fabricaban laptops con esa potencia. ¡Y qué respetuosa! Guardaba correos de hace seis años o más, y nunca le dio a Raúl Reyes la orden de limpiar la papelera. Definitivamente esa computadora se las trae. ¡Yo quiero una igual!

Lo único que no me suena es lo de los nombres de los ticos, porque es cosa sabida que un guerrillero no puede nombrar a sus colaboradores, si no es bajo la protección de los seudónimos. O sea que Raúl Reyes de guerrilla y clandestinidad no sabía nada.

Talvez el que me diga donde compro una computadora FARC también me aclare eso.

(Página Abierta - Diario Extra)

Piñata de consultorías, descomposición administrativa Julio Suñol

Con las torrenciales lluvias de la época, también llegaron las consultorías millonarias para casi todos los de arriba. Los chinitos de Taiwán, que tan mal fueron tratados, resucitaron al replantearse sus anteriores donaciones interesadas en la compra de voluntades. Y ahora, post mortem de aquellas relaciones, variadas para recibir más de los nuevos socios continentales, se encuentran con que sus amigos de ayer siguen recibiendo sumas inmensas, hoy administradas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Pero los sustanciosos aportes, originalmente para ayudar a las 600 familias precaristas de Rincón Grande de Pavas, han servido más bien para algunos de los precaristas de la burocracia costarricense. Y no pocos de ellos tienen una argumentación autojustificativa en la que no se puede creer. El dinero que se nos ha dado —dicen los que hablan— ha sido utilizado para servir más y mejor de lo que se habría logrado en Pavas. Los de Pavas siguen pobres, pero unos pocos, si no ricos, resolvieron su situación de coyuntura por el acercamiento al gobierno de turno, y porque se debe raspiñar donde se pueda.

Lo curioso es que ninguno de ellos -que sepamos- se pregunta sobre la legalidad o la ilegalidad del manejo de unos fondos millonarios en dólares que, ahora se argumenta, no son públicos y, por consiguiente, pueden estar fuera del Presupuesto del país y rehuir cualquier control institucional. Esto solo porque los fondos -alegan- son privados, y porque los interesados fueron contratados por el BCIE. Y aunque una de las consultoras confiese, con aparente inocencia, que los “trabajos siempre los hizo sola, nunca fue a la Casa Presidencial ni mantuvo contacto con sus superiores”. Cabe la pregunta de si los otros compañeros de la alta y media burocracia se manejaron con la misma libertad de ella. Como moros sin señor.

Descomposición administrativa. Estamos de cara a otra peligrosa fachada de descomposición administrativa, en vez de frente a la Reforma del Estado, a la Promoción de la Gobernabilidad y al tan manoseado Desarrollo Humano. Más bien, lo que salta a la vista es la eventual aplicación de la Ley contra el enriquecimiento ilícito, aunque quienes hayan caído en tal irregularidad fueran ingenuos o inocentes a la hora de enrolarse en estas alegres y generosas planillas. Damos el beneficio de la duda.

Grave ha sido la falta de transparencia en el proceso, y que los obligados en el Gobierno a informar sobre estos compromisos, dieran campo a que los reportes más o menos completos surgieran del BCIE y no de las fuentes del Estado.

Nos parece bien que la Contraloría General de la República (CGR) haya dispuesto proceder a una investigación de oficio, a fin de determinar hasta dónde es jurídicamente cierto que los fondos son privados y que por ello pueden estar fuera del control institucional.

No lo creemos. Si los dineros se originaron en una donación para cumplir legítimos objetivos de los estados centroamericanos, al ingresar al BCIE son fondos públicos, puesto que esta entidad es un organismo estatal centroamericano por más que se intente disfrazarlo de otra cosa. El BCIE está constituido con los recursos del Estado (de los estados centroamericanos), porque si no, los gobiernos no nombrarían a sus directores, como hasta la fecha ha sucedido.

Formas de gobernar viciadas. Reconozcamos que en el pasado se registró, en otras administraciones, este vicioso manejo desmarcado de la ley. Tanto fue así, que se descubrió en su momento que altos y medios funcionarios de la Cancillería recibían emolumentos procedentes de las arcas taiwanesas. ¿Podría un Gobierno manejar una política exterior independiente y profesional en estas condiciones de dependencia?

Hasta hace poco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), era el que aplicaba una política similar a la que hoy seguimos condenando, con “asalariados” que recibían sueldos de $5000 hasta $8000 y $10.000 mensuales. Fueron jugosos beneficios para un grupito de privilegiados funcionando en la intimidad del poder presidencial, dizque para formular estrategias y tácticas de las cuales nunca se supo nada.

Estas formas de gobernar deben ser rechazadas de verdad, y no solo con palabras altisonantes, convertidas en prosas dulcificadas para mientras se adormece la conciencia ciudadana. Debemos luchar por una real y auténtica soberanía costarricense, sin rechazar la cooperación internacional, ni los otros instrumentos de ayuda surgidos de la convivencia civilizada entre las naciones y los gobiernos, pero siempre exigiendo el imperio de la ley y la limpieza administrativa.

Julio Suñol |

El dólar se disparó, ¿o lo dispararon? Juan Manuel Villasuso

La semana pasada el dólar se disparó. Entre el lunes 14 y el viernes 18 de julio el tipo de cambio aumentó de 523 a 556 colones por dólar. En sólo cinco días se produjo una variación superior al 6 porciento. ¿Qué pasó? ¿Qué factores provocaron tan descomunal incremento? ¿Cómo explicar ese inusual y sorpresivo comportamiento?

En verdad es casi imposible, a partir del análisis económico, encontrar respuestas a esas interrogantes. Si recurrimos a lo que algunos gustan llamar “los fundamentos”, es decir, el desempeño real de las variables que tienen incidencia sobre la tasa cambiaria, vemos que en los últimos meses se han producido modificaciones en las tendencias, pero eso no permite entender las sacudidas violentas de los últimos días.

Era de esperar, y lo habíamos anticipado en enero cuando comentamos sobre las “pintas económicas”: que el panorama macroeconómico se modificaría este año como consecuencia de factores externos y de políticas internas desacertadas que se han venido impulsando en Costa Rica.

Señalamos que el estancamiento de la economía de los Estados Unidas, provocada por la crisis inmobiliaria, afectaría de manera negativa tanto nuestras exportaciones como la llegada de inversión extranjera proveniente de ese país. Ambos pronósticos se están cumpliendo. Las exportaciones redujeron su crecimiento a un 8% y el flujo de capitales en el primer trimestre se contrajo. Eso significa menores ingresos de divisas.

Además, se sabia que los aumentos en los precios de los alimentos, las alzas en los combustibles y, en general, el deterioro de los términos de intercambio, provocarían un incremento en el valor de las importaciones costarricenses, ocasionando una mayor salida de dólares.

Así las cosas, era de prever que el déficit de la balanza comercial se ampliaría considerablemente, tal y como ha ocurrido. La comparación de los datos de los primeros cinco meses de este año con los del 2007, muestran que el desequilibrio se ha duplicado, llegando a $2,255 millones de dólares.

Evidentemente el mayor desbalance comercial conlleva una reversión en la acumulación de reservas monetarias internacionales del Banco Central. Las estadísticas lo confirman. Las reservas brutas cayeron de $4,936 millones en abril de este año a $4,260 millones a la fecha.

Esos son los fundamentos. Con base en ellos era previsible que este año el dólar se moviera al alza, lo cual obligaba a introducir correcciones en el sistema cambiario para enfrentar las nuevas circunstancias y asegurar ajustes graduales. Si las bandas se habían ampliado a tal grado que permitía variaciones de hasta un 20% era indispensable reducir su holgura. Pero el Banco Central no lo hizo, a pesar de que cuando cambian las tendencia los mercados son más propicios para la especulación.

Aunque no podemos afirmar con certeza que lo ocurrido durante la semana pasada fue un episodio especulativo, que disparó el dólar generando ganancias para unos y pérdidas para otros, hasta el momento no hay otra explicación convincente. Solo los bancos comerciales y el Banco Central conocen los detalles y sería saludable que nos lo contaran, ojalá con nombres y apellidos, o al menos cédula jurídica.

Lo que preocupa ahora es la aprensión de que el régimen cambiario vigente constituye terreno fértil para que agentes económicos, con poder de mercado, actúen a su gusto e influyan cuando les plazca sobre la cotización del dólar. En esas condiciones el futuro de los costarricenses será muy inestable .

(Página Abierta - Diario Extra)

OJO CRITICO RODOLFO CERDAS SOBRE EL BCIE

Las mentiras y manipulaciones sobre los dineros de Taiwán y del BCIE; la negativa a darle a la prensa la información pedida; el bache entre lo que se dice y se hace al retardar el envío de documentación a la Contraloría y la Comisión Legislativa; la repugnante complicidad del PLUSC; la calificación de “ignorantes, gentes de mala fe o desinformados” del Presidente contra quienes discrepan de él, son solo efluvios de la descomposición ética y política del régimen presidencialista.

Todo esto es político y ético, más que penal. Por eso, como señaló el diputado Mario Quirós, no hay que precipitarlo a la Fiscalía. La judicialización de la política ha terminado poniéndola en manos de tinterillos y marrulleros y girando en torno a recursos de amparo y problemas de procedimiento. De allí que se necesite tanto una reforma moral como una política. Y pronto, porque al pueblo se le está acostumbrando al cinismo, a los montajes encubridores y a un autocratismo plutocrático.

La mayoría calificada en la Asamblea solo fue para el TLC. En lo demás, el Ejecutivo mostró carecer de un norte claro, coherente y bien negociado. No solo falló al tramitar las leyes de implementación, sino que navega sin rumbo y compás. La crisis petrolera mostró imprevisión, mala conducción política, exceso de ocurrencias y ausencia de programas.

Sin partidos organizados y funcionales, la fracción oficial y sus apéndices se agotan complaciendo la voluntad de un Presidente semiausente y que pendula entre el capricho y el desgano. De ahí que hasta sorprenda bien verlo, después de dos años de Gobierno, reuniéndose por primera vez con los jefes de fracción, aunque todavía sin superar el abismo creado por él con el principal jefe de la oposición.

Hoy el tema no es la sucesión presidencial, ni los candidatos que el Presidente propone cada cierto tiempo, precipitando en mala hora la campaña electoral. La lucha real es por el poder y por ver cuáles grupos fácticos lo controlarán. La Presidencia es solo otro actor, y pequeño. Arias no puede decir si es el amo del deteriorado sistema que lo hizo presidente o, más bien, su prisionero. Por eso puede alejar a Zumbado y tirar a Berrocal a los gatos; pero Ortuño le es intocable.

Para lograr la viabilidad partidaria se necesita una Asamblea fuerte. Hoy lo que domina es el Ejecutivo, pero notoriamente débil. Esto hace del Legislativo un reñidero y un paraíso para amañadores; y que ese poder funcione más como una válvula de seguridad que como un motor para la democracia. Por eso, cuando se llama a la unidad nacional, hay que preguntar: ¿para qué? Pues, para seguir en lo que estamos y ocultando lo inconfesable, sería para traicionar la democracia.

(La Nación)

Sosto y la punta del iceberg Por Leonor Isabel Antillón Sargent

Las noticias que últimamente hemos tenido, sobre todo lo que se ha estado tejiendo alrededor del Presidente y sus planes de gobierno, son cada vez más sombrías.

Parece que a nuestro Jefe de Estado ya no le importa hacer y decir falsedades. Acaba de declarar que no sabía de la existencia del dinero que Taiwán donó para los pobres de Pavas y que el Ministro de la Vivienda festinó a su antojo, con la ayuda del BCIE, que también maneja otros dineros públicos, puestos sin ton ni son al servicio del Gobierno.

Con ese dinero y para todo este plan de gastos, se nombraron asesores al antojo del BCIE y del Gobierno. Sabrá la Historia qué se hizo con toda esa plata, a quiénes se le dio y qué lograron con eso. El propio Rodrigo Arias dijo tranquilamente que el dinero no era público, y con esa falaz sentencia, dispusieron de él a su antojo.

El problema de todo este devenir de situaciones ilegales, ilegítimas inmorales y no éticas, es que va dejando una estela de degradación a todo nivel.

La actuación del magistrado suplente Licenciado Federico Sosto López, es sólo la punta del iceberg, de todo el entuerto en el que se mueve nuestro Gobierno, porque éste maneja todos los Poderes como si fueran títeres, sabrá Dios a cambio de qué, y eso es un arma de doble filo, porque lo que se degenera, perece.

La sucesión de actuaciones ilegales, ilegítimas, inmorales y con una evidente falta de ética, se ha venido dando no sólo en el Tribunal Supremo de Elecciones, que ni siquiera da curso a las demandas ciudadanas o las resuelve en tiempos breves y sin fundamento legal. Sino también en la Asamblea Legislativa, que a golpe de tambor y sacando reglamentos e interpretaciones legales, también sin fundamento y sin legalidad, hace leyes al antojo y deseo del Gobierno, saltándose los reglamentos y los tiempos.

Pero esta vez estamos viendo cómo en el seno del sagrado respeto a la Justicia, en la propia Corte, en la Sala Constitucional, tampoco se respeta la ley. Ahí también todo se vale para complacer al Gobierno. El magistrado Sosto es prueba de esto. Se convirtió en asesor gubernamental y, con este sobrero, impartió justicia en la Sala Constitucional, y fue juez y parte al mismo tiempo. El final de la equidad y imparcialidad. Ser imparcial ya no es requisito para juzgar, ahora se vale todo. Y con el más deleznable de los cinismos, sale en la prensa diciendo que ayudar al Gobierno era su deber cívico.

El deber cívico, señor, era renunciar a su Magistratura, antes de “ayudar” al Gobierno. Pero, por supuesto, su ayuda consistió en votar a su favor en la Sala IV.

Y esto sí que es grave. Si no tenemos Justicia, estamos indefensos, perdidos y sin Norte.

Por eso, un grupo de ciudadanos vigilantes de lo que queda de nuestra Democracia, fuimos el pasado 14 de julio, a la Corte Suprema de Justicia, a demandar dignidad y respeto a la Ley, y allí leímos una Proclama Ciudadana, firmada por unas 200 personas, para que a los Magistrados no se les olvide por qué y para quién están allí, en sus puestos privilegiados. Y ésta fue nuestra demanda.

¡ESTÁN ALLÍ PARA DICTAR JUSTICIA, NO PARA TORCERLA!

Proclama ciudadana

*El día de hoy, nosotros el pueblo, venimos ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima Casa de Justicia en Costa Rica, para reclamar y manifestarle a los Magistrados que ocupan esas posiciones, que están allí para dignificar y honrar a la Patria, no para mancharla, dañarla y venderla con actuaciones ilícitas e ilegales.

La Justicia no existe para servir al Poder Político, sino que éste debe someterse a la Justicia.

Por eso venimos a exigir la renuncia del señor Federico Sosto López, a su magistratura, o en caso contrario, que sea la Corte misma quien lo separe de su cargo, por haber faltado a la moral, a la ética y a la legalidad y haber manchado la dignidad de nuestra Patria, al aceptar tareas de asesor del Gobierno Central, al mismo tiempo que realizaba labores de Magistrado de la Sala Constitucional, participando en la redacción y votación de varias resoluciones a favor de los intereses del Gobierno para el cual también trabajaba.

Nosotros estamos aquí para exigir que estas anomalías inmorales e indignas de un Magistrado del Poder Judicial, sean eliminadas totalmente de nuestro sistema de Justicia.

Es Justicia que pedimos a ustedes ante Dios y la Patria, en San José, el día 14 de julio de 2008.*

Vamos a ver si todavía quedan autoridades judiciales y administrativas, respetuosas de la Ley y la Justicia, vamos a ver cómo resuelven las denuncias que hemos planteado ante la Inspección Judicial, la Corte Plena y la Contraloría.

(Nuestro País, diario digital)

El enojo de Mishelle

Por Iris Zamora - iris_zamora@costarricense.cr

Ella siempre me ha parecido una profesional prudente, inteligente y con amplia formación, no nos debe extrañar que el Presidente de la República le haya pedido que le colaborara en su administración.

Sin embargo, algo pasa, pero cuando los buenos se van para el gobierno pierden esa “neutralidad” en la que operaban. Resulta lógico, si una está en una empresa generalmente es porque comparte valores, principios, visión y misión de la misma. Además en medio del huracán las mujeres, especialmente, cerramos filas alrededor de las personas que estimamos y se encuentran en medio de la crisis, al no poder (no se si será genético o por socialización) tomar distancia de los acontecimientos, se nos olvida una virtud: la prudencia.

Entiendo que Mishell esté enojada, pero me parece que hasta ahora nadie ha dudado de sus talentos y de su trabajo. El tema pasa por el secretismo absurdo de las contrataciones de personal de la Presidencia con dineros que no son del presupuesto nacional, porque al final la gente termina enterándose -ya lo dice el adagio popular que entre cielo y tierra no hay nada oculto-. Recuerdan una entrevista a Pablo Gueren en la que decía que estaba ad-honorem en el Ministerio de la Presidencia… ¿De verdad Pablo pensó que alguien le iba a creer que había dejado su trabajo remunerado en Al Día, para irse gratis al gobierno?

Creo que los salarios del sector público no son suficientes para que los gobiernos contraten a gente talentosa que está en el sector privado ganándose seis veces el salario del sector público… Entonces decir la verdad, explicarle al país desde el inicio del gobierno que se usarán recursos externos para pagar personal de confianza sería lo más correcto.

Negarse a entregar listas, o hacerlo parcialmente levanta sospechas. ¿Infundadas? A lo mejor sí, pero este país está cansado de tanto “misterio” en el uso de fondos y recursos estatales o para contratar gente que trabaje en el Estado.

Sin embargo, aunque no comparto algunos párrafos o frases del texto de Mishelle, como ese de “aunque no sean de incumbencia nacional los expongo” (habla de los hechos) me parece que hay una equivocación, sean fondos públicos o privados, la Contraloría y la Procuraduría han dicho que son de naturaleza pública, su trabajo es en la esfera pública, casi nada asesorando al Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia… ¿Hay algo más público que esos cargos? Por lo tanto sí es de “incumbencia nacional”.

Se enoja porque los colegas le llaman insistentemente los sábados y domingos y a deshoras. Mishelle sabe que la noticia no se origina de 8 a.m. a 5 p.m… En mi caso le he llamado entre las 9 a.m. y las 4 p.m. para acordar alguna cita con el Presidente o el ministro de la Presidencia para una sección que tenemos semanalmente que se llama “rendición de cuentas” y no solo no hemos podido entrevistarlos, sino que ni siquiera, al menos por cortesía me ha devuelto la llamada para decirme que no, que no les interesa estar en el programa que produzco. Tal vez si tuviera un teléfono celular que no pague de su bolsillo, entonces, tal vez tendría respuesta. Me parece -apreciación subjetiva- que se le fue la mano criticando a su ex compañera Laura Quesada y a su ex jefa y Codirectora de Telenoticias, que solo están haciendo su trabajo; a veces hasta para pelear hay que sacar el glamour… Sin embargo Mishelle denuncia dos hechos:

1-. Que hay colegas viciados. Que el Estado les financiaba tours, para dar cobertura al Presidente (¿eran tours o viajes de trabajo?) Que esos vivillos cobraban viáticos de los medios de comunicación para los que trabajan y además se dejaban “los estipendios” que les pagaban algunos Estados anfitriones.

2-. Su frase de “más de uno recordará con nostalgia el billete que les soltó Taiwán”, reitera el comportamiento poco ético de algún vivillo-periodista. ¿Podríamos saber quienes son los que cobran dos veces viáticos, o a los que Taiwán le soltó el billete?

En momentos en que la sociedad costarricense convulsiona, aunque 12 Magistrados de la Corte Plena ni se dan por enterados, en momentos en que existe un malestar generalizado con la clase política de manera más visible y un enojo con las instituciones de la democracia, urge que una periodista de su investidura de nombres y apellidos y que finalmente sepamos quienes son los mercaderes que se visten con ropaje de periodistas.

Es una obligación ética. No hacerlo es continuar con la estrategia de los políticos que terminan ensuciándose unos a otros y así nadie investiga a nadie porque todos tienen “algo” que ocultar.

Por lo demás, los restantes 80 consultores deberían hacer el ejercicio de contarle al país qué labores hacían o hacen, cuánto les pagaron y los resultados de sus asesorías. Es lo que esperamos de ellos, algunos muy honorables y otros desconocidos, al menos para mi, pero seguramente igual de honorables y patriotas.

(Primera Plana)

Requisa pública, bonita show…

Por Mishelle Mitchell Bernard - mmitchell@casapres.go.cr

Me anticipo a la requisa oficiosa de mis datos y revelo los hechos, antes de que sean manipulados en el marco de una “investigación” periodística, o manoseados por el oportunismo que propicia la politiquería. Me anticipo a la motivación maliciosa disfrazada de noticia, porque renuncio a ser accesorio de maquinaciones que quieren desprestigiar a un buen Gobierno y a personas decentes que colaboran con él.

Como periodista, reconozco la importancia consustancial a nuestra profesión de preguntar y dudar, pero como ciudadana también sé que todo TEXTO fuera de CONTEXTO es un magnífico PRETEXTO para destruir honras y para distraer la atención de los verdaderos intereses que debe discutir este país.

Por eso deseo reafirmar los hechos, y aunque no sean de incumbencia nacional, los expongo: soy consultora del Banco Centroamericano de Integración Económica. El BCIE me paga 4.000 dólares mensuales bajo las reglas de un contrato privado vigente (y así lo reconoció el diputado Alberto Salom este lunes 14 de julio). Presto mis servicios de asesoría en comunicación y prensa al Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia, por encargo del BCIE.

Desde diciembre del 2006 me inscribí como trabajadora independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y desde entonces y hasta abril del 2008, declaré un ingreso de 1.861.000 colones para asegurarle a mi familia la cobertura requerida en caso de emergencia.

En enero del 2008, acudí a la Caja pagar la cuota correspondiente y de cuajo me sorprende la administración con que mi aporte voluntario se duplica de 176.700 a 342.499 colones mensuales, sin ninguna notificación previa. La bofetada fue aún mayor al leer en La Nación del 20 de febrero anterior, que sólo 51 personas reportamos ingresos superiores al millón setecientos mil colones. ¿Seremos sólo 51? Ahí les dejo para investigar, ojalá sin malicia y sin manchar honras, esta vez.

Como resultado, acumulé deuda al interrumpirse el pago de los honorarios prestados al BCIE entre febrero y marzo de este año, en coincidencia con la finalización de un contrato y la entrada en vigencia de uno nuevo. Conforme a la posibilidad que me da la administración, modifiqué los datos para obtener oxígeno financiero y poner al día mi situación. Durante los últimos tres meses pagué 47.042 colones por mes a la Caja, y en la actualidad, estoy solicitando se reinstale el monto original de mis ingresos.

Desnudo mi bolsillo, aunque no sea de incumbencia nacional, para anticiparme al título morboso esperado: “Vocera del Presidente subdeclara a la Caja”… Y reafirmo: la modificación mencionada fue parte de un arreglo administrativo válido y legal.

Me anticipo al segundo episodio de la “investigación” periodística y politiquera que determinará si los consultores del BCIE somos empleados públicos o no. Me anticipo con hechos a una discusión que deviene de una fuerte carga de vanidad de algunos colegas y de las peroratas de especialistas de nombre mullido, que tratan de adquirir algo de notoriedad.

¿Que si soy empleada pública? Estoy segura de que no lo soy, así sea que los beneficiarios de mis servicios sean los ciudadanos y el Presidente de la República. Ahora resulta que eso, el acceso a una computadora, a un teléfono y a un espacio en la Casa Presidencial me ubican en esa categoría. ¿Y si lo fuera, qué? Trabajo honradamente, dedico muchas horas, fines de semana y feriados a mi labor. Ojalá, sin prolongados intermedios ni cafés todos los funcionarios públicos trabajaran así.

Que supuestamente soy empleada pública “porque doy órdenes a un equipo de trabajo” -o al menos así lo relató una reportera de Telenoticias-. No lo creo. A lo mejor ella y su gente no están familiarizados con relaciones de coordinación eficientes, y no de jerarquía, que permiten que un equipo con la mitad de personal de otras administraciones produzca un programa semanal de televisión, administre una página web y produzca semanalmente decenas de comunicados de prensa, audios y fotografías.

Que supuestamente soy empleada pública porque “usted recibe viáticos, recursos públicos”, como me increpó otro reportero. Y recordé que quienes viajamos con el Presidente en comitiva oficial lo hacemos con un modesto estipendio para hospedaje y alimentación, que no nos exime de nuestra labor de enviar por Internet toda la información necesaria para que los ciudadanos y los medios estén enterados del quehacer de su mandatario.

Recordé que mi pasaporte es el mismo documento personal con el que he viajado sin privilegios, recordé que yo pago mis impuestos de salida así sea que vaya en comitiva oficial. Recordé también que la cuenta del celular al que insistentemente me llaman los colegas sábados, domingos y a deshoras, es el que mes a mes pago desde mi cuenta personal. Y recordé también que al desplazarme en giras locales con el Presidente, mi fresquito y gallito lo pago yo. Y tengo la buena fortuna de portar en mi cartera una carta que me autoriza a viajar en autos de la Casa Presidencial.

Y recordé que para algunos colegas viciados resulta inconveniente que ya no sea el Estado quien financie sus tours fuera del país para dar cobertura al Presidente. Sino que ahora un pequeño equipo les manda datos, imágenes y voz por Internet. Así terminó la conveniente práctica de algún vivillo de cobrar los viáticos provistos por su medio y dejarse los estipendios que le pagaban algunos Estados anfitriones. Más de uno recordará con nostalgia el billete que les soltó Taiwán.

Quiero exponer a los costarricenses, que no seré yo quien sienta vergüenza por trabajar al lado del mejor mandatario que haya tenido este país en décadas. Fui elegida por mis atestados, experiencia y responsabilidad y por ello recibo una remuneración justa pagada por el BCIE (aunque a muchos colegas eso les enoje).

Finalmente, recordé el día en que una respetable periodista de televisión nos decía a sus pupilos, años atrás, que un periodista tiene un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad. Suspiré y dije, -ya entendí, en esto del periodismo se vale chapotear. Bonito show, el de ser accesorio de la malicia de algunos informadores. Bonito show. A esos, les gusta pringar…

(Diario Extra)

LAS FALSAS VERDADES DEL GOBIERNO ARIAS Y LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES DEL BCIE

Milton Ruiz Guzmán

Abogado y Asesor Parlamentario

Estupor me causo la entrevista don Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia el pasado viernes 4 de julio al medio día en Telenoticias con doña Pilar Cisneros. Inició formulando reclamos, dijo muchas falsedades y terminó en grandes incoherencias acerca los fondos no reembolsables del BCIE. Apeló repetidamente a reclamos, evidenció un desconocimiento de hechos puntuales sobre el tema, y terminó admitiendo que efectivamente, muchas cosas no han sido ni siquiera medianamente transparentes como dijo en contrario en el periódico La Nación el pasado 2 de julio.

Es bueno saber que el Banco Centroamericano de Integración Económica fue constituido en la cuidad de Managua, República de Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960 por los Ministros de Economía y Hacienda de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, representados por sus Plenipotenciarios en representación de sus respectivos gobiernos. Costa Rica no fue parte constituyente sino que se adhirió al Banco unos años después.

Al Banco se le confirió la calidad de persona jurídica de carácter internacional que por ser personas jurídicas públicas los Estados Parte Fundadores, la naturaleza jurídica del BCIE es igualmente pública.

Con la aprobación del Convenio Constitutivo del BCIE por Ley No. 3152 de 6 de agosto de 1963, Costa Rica se adhirió al mismo e ingreso al Banco. Posteriormente, mediante una reforma al artículo 4, según el inciso 1 del artículo 1 de la Ley No. 8223 del 7 de marzo del 2002, se reputó a Costa Rica bajo la calidad de “País Fundador”.

Al Banco, como es usual para entes internacionales se les confiere para el ejercicio de sus funciones y sus fines, dentro del territorio de cada uno los Estados miembros, las inmunidades, exenciones y privilegios que refiere el Capítulo VI del Convenio Constitutivo, y que el caso concreto destacan que solamente se podrán establecer acciones judiciales contra el Banco ante un Tribunal de Jurisdicción en el territorio del país Miembro; que los bienes y demás activos del Banco, gozarán de inmunidad con respecto a comiso, secuestro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión o de enajenación forzosa mientras no existiere sentencia firme contra el Banco; que los bienes y demás activos del banco serán considerados como propiedad pública internacional, conteste con su naturaleza jurídica. Otro de los privilegios del Banco es que sus archivos se reputan inviolables y que igualmente gozarán de inmunidad absoluta. El tema de la inviolabilidad de archivos va acorde con los principios constitucionales de los artículos 22 y 24. En tanto que la inmunidad resulta ser una condición indispensable para que entes como el BCIE puedan desempeñar sus funciones libremente, sin interferencias administrativas en su gestión por parte de las autoridades públicas del país receptor.

Ese otorgamiento de privilegios e inmunidades tiene el propósito de asegurar la independencia administrativa práctica y jurídica para facilitar que cumplan con sus objetivos. Pero afirmar que los archivos del BCIE son infranqueables como fue sugerido por el Gobernador Ortuño, hay que hacerle recordar que las organizaciones internacionales de tal especie carecen de soberanía y que sus competencias han sido asignadas por los Estados Parte en los convenios constitutivos. Estos entes carecen de territorio propio por lo cual siempre deben actuar en el territorio de otros Estados.

Tal es la razón por la cual se les confiere personalidad jurídica internacional y se les atribuyen algunos privilegios que les distinguen de otros entes locales afines.

Las operaciones del BCIE deben basarse exclusivamente en criterios técnicos, financieros y económicos; consecuentemente, no deben influir criterios de carácter político relacionados con cualquier Estado miembro, conforme refiere el artículo 8 del Convenio Constitutivo.

Se ha obviado señalar por los actores involucrados que el fundamento de las donaciones, va más allá del pedido común de los Presidentes Centroamericanos al Banco para que se reservaran y destinaran esas sumas millonarias como fondos no reembolsables.

Para su concreción el Banco adoptó las Resoluciones No. DI-163-2006 del 27 de julio del 2006 y No. DI-3-2008 del 29 de enero 2008, ambas bajo el ítem de “Cooperación Financiera no Reembolsable a los países fundadores del Banco” por la suma de cinco millones de dólares (USA $ 5.000.000,oo) cada una, correspondiendo un millón de dólares ($ 1.000.000,oo) para cada uno de los cinco países centroamericanos en cada caso.

Estos acuerdos no dejan duda alguna de los propósitos de esos fondos los cuales “...se destinarán para financiar proyectos y programas del sector público de asistencia técnica y de desarrollo económico o social que cada país fundador defina, en concordancia con los planes estratégicos del Banco”. Es por tanto, por disposición expresa del Banco que esos fondos son públicos por destino e inherentes a tal condición en cuanto a los procedimientos pertinentes para su disposición y uso.

Los acuerdos de las resoluciones señaladas admiten la posibilidad de contratación de consultores cuando sea menester, pero esas contrataciones van atadas a los propósitos de desarrollo y ejecución de los proyectos y programas del sector público de asistencia técnica y de desarrollo económico, y no para otro fin distinto.

Conforme con las obligaciones generales y los compromisos del Gobierno Arias para obtener los recursos no reembolsables, se obligó a la presentación ante el BCIE de informes trimestrales acerca de la utilización de la cooperación así como la respectiva liquidación de gastos o cargos ante las Gerencias Regionales del BCIE. ¿Quién conoce esos Informes? ¿Por qué si se alega transparencia, nadie conoce esos Informes? ¿Dónde están esos Informes y sus respectivas liquidaciones trimestrales?

Según fue dicho desde el oficialismo ya fue ejecutada en su totalidad la primera “Cooperación Financiera no Reembolsable” de un millón de dólares (USA $ 1.000.000,oo). Como parte de las obligaciones contra el desembolso evidente se debió rendir un Informe Contable de Liquidación Final. ¿Dónde está ese otro Informe?

Don Rodrigo reclama transparencia y arremete contra doña Pilar Cisneros. Pero sobre estos temas no dice nada… Se molesta porque le cuestionan, pero no convenció a nadie con las posiciones de triste gala con las cuales evidenció un desconocimiento mayúsculo de los instrumentos legales que posibilitaron los fondos no reembolsables del BCIE.

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