GUILLERMO QUIROS ALVAREZ OCEANOGRAFO Aún sin depositar el TLC en la OEA, sus efectos se sienten. El modelo neoliberal que entrega nuestro país a pedazos se evidencia en el informe de la Contraloría General de la República, el cual refiere el Tratado como el vehículo que consolida el modelo impulsado por la empresa privada y los interese que han manejado el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en diversas administraciones.
Por años hemos denunciado los errores en la planificación del desarrollo marino de nuestro país. El lema de espaldas al mar ha cobrado vigencia en los últimos veinte, donde la ignorancia, la codicia y el compadrazgo político han hecho de nuestra región costera presa fácil. La reciente Memoria Anual de la Contraloría marca un hito en el análisis del desarrollo marino de Costa Rica al señalar con valentía los principales vicios de la Administración Pública.
Se ha demostrado que el modelo de desarrollismo costero impulsado por la empresa privada ligada históricamente al ICT fracasó. Al final del camino decenas de años de errores técnicos, corrupción e improvisación, han dejado una huella visible en el ambiente. Se denuncian los desaciertos de los municipios y del ICT, quienes no entienden que la costa es un ecosistema único, frágil y que requiere de un tratamiento diferenciado.
El pretendido desarrollo costero solo nos ha dejado graves secuelas: extranjeros en su propia tierra, ecosistemas costeros degradados, desorden institucional en las instancias llamadas al ordenamiento responsable, entre otros grandes males. Y en materia de recursos naturales, los inversionistas han entendido que la cantidad de agua disponible para sus proyectos está en franca competencia con las comunidades, tal como Sardinal de Carrillo. De ahí que seguir jugando con las leyes del libre mercado no es negocio para los que hicieron sus inversiones de primero. El actual panorama de desorden e inicio de degradación ambiental en gran escala contradice las sanas inversiones y la venta del paraíso tropical.
El daño presente y futuro es de tal gravedad, que amerita de parte de las instituciones responsables de los permisos otorgados y por parte de los Tribunales de Justicia seguir las recomendaciones de la Contraloría General de la República, evaluar de inmediato el impacto de los proyectos mayores sobre los ecosistemas costeros, y derribar aquellos edificios que degraden el ambiente, restaurando los ecosistemas hasta donde sea posible.
Deben revisarse a fondo las actuaciones, omisiones y responsabilidades de funcionarios municipales, del INVU, ICT, SETENA; y de las instancias comprometidas en el otorgamiento, revisión y evaluación ambiental para sentar las responsabilidades pertinentes.
*Oceanógrafo
oceano@racsa.co.cr
