Agustín Páez Montalbán*
Las autoridades costarricenses de salud se niegan rotundamente a entregar al Dr. Hernán Collado el protocolo del experimento de la vacunación contra la AH1N1, efectuada en Costa Rica utilizando una serie de substancias llamadas colectivamente —según se les dijo con engaño y por la prensa a los invitados a participar en ella— “la vacuna contra el AH1N1”. Aduce la Ministra de Salud (La Prensa Libre 27-III-10) que existen “documentos confidenciales” en ese protocolo —naturaleza confidencial que, llamativamente, no explica más allá" y agrega que no desea que “…una gran empresa transnacional ponga una demanda multimillonaria contra el Ministerio de Salud y el Estado por incumplir los acuerdos de confidencialidad alcanzados.” (¿Cuáles serán esos acuerdos, entre quiénes se constituyeron y cómo afectarían al Estado?).
Con soberbia desacata la señora Ministra el ineludible mandato de la Sala Constitucional y señala que, en última instancia, entregará el protocolo a la Sala —no al recurrente como le fue ordenado por los Magistrados— o enfrentará, ahora sí dentro de la ley, al ciudadano Collado en las cortes, mientras el contratista del experimento, el patrocinador farmacéutico y el aprobador privado de esta experimentación, a conveniente distancia de su propia pelea, observarán la escaramuza y el predecible desenlace del singular combate.
Caja de Pandora. ¿Qué habrá quedado debajo de la alfombra que genera este exceso de defensa de las autoridades sanitarias costarricenses, y a quiénes se protege? No lo sabemos con certeza. Mientras se abre la caja de Pandora, le sumo al conocido voto de la Sala IV (2009-16757) y a las notas de prensa, los siguientes hechos:
La invitación a los participantes en este experimento (La Nación, 2-VIII-09) resultó doblemente falsa, ya que se les indujo a creer que se les administraba un único producto, y que éste era un medicamento.
Las sustancias que efectivamente les inyectaron a los participantes fueron mezclas de diferentes concentraciones de virus, preservantes y adyuvantes, incluyendo el ya conocido y temido MF-59 (hígado de tiburón), cuyo uso no está permitido en los Estados Unidos y nunca, que se sepa, había sido usado en Costa Rica. También a algunos se les inyectó Timerosal, el producto mercurial que se ha asociado al autismo y trastornos del neurodesarrollo, y que está también presente en PANENZA, la vacuna contra la AH1N1 utilizada en Costa Rica. El Comité Ético Científico privado que aprobó este experimento advirtió: "Debido a que la vacuna contiene Timerosal no se incluirán participantes menores de tres años. ”¿Cómo entonces el Ministerio de Salud, que dio visto bueno a este estudio y a su aprobación privada, autorizó vacunar en Costa Rica con PANENZA —que contiene cantidades inmorales de Timerosal—, a niños desde los seis meses de edad?
Más grave aún, el Director del Comité Ético Científico que aprobó esta experimentación señaló: “Ya que este estudio representa la primera vez que se prueba en humanos la vacuna contra A/H1N1 S-OIV, se evaluarán los estudios de toxicidad" ¿Cómo aprobó el Ministerio de Salud este estudio llamándolo de Fase III —fase de la investigación clínica donde se considera que existe suficiente experiencia previa— si estaban utilizando sustancias totalmente nuevas, candidatas a vacunas en el mejor de los casos, y jamás usadas previamente en seres humanos? ¿Cómo se importaron al país estas sustancias y de qué forma fueron registradas en el Ministerio de Salud, si no son ni vacunas ni medicamentos?
Un detalle más. El jurídicamente fenecido CONIS (Consejo Nacional de Investigación en Salud) cobraba irregularmente por todos los estudios de investigación catalogados "así fuese erróneamente— como de fase III, un O,5% del costo total de la investigación a los contratistas costarricenses de experimentos. Digo irregularmente, porque una tasa o canon no puede legalmente ser establecida vía decreto, como se hacía en estos casos —y creo que aún se hace— a vista y paciencia de los auditores del Ministerio de Salud. Para el experimento que nos ocupa, ese 0,5% que recibió el CONIS fue equivalente, según el Oficio CEC-0757-2009, a la suma de US$20.693.00, consignado en el Doc. 03764268 del Banco Nacional de Costa Rica. Por simple aritmética, el valor del contrato de este experimento fue de $4.386.000.00.
¿Ganará el ciudadano Collado o el Ministerio de Salud este litigio? ¿Veremos los simples mortales este protocolo algún día? ¡Hagan sus apuestas!
*Médico
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“El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil”.
Howard Zinn
